Hoy toca leer la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y
la regulación de las medidas de investigación tecnológica. (BOE 06/10/2015), del que destaco en este post la modificación del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, habida cuenta que a pesar de haber solicitado ante los centros de detención el acceso al atestado y la entrevista previa reservada con nuestro patrocinado con carácter previo a su declaración (no me refiero a menores) nos ha sido negada una y otra vez.
Esta situación cambiará a partir del día 1 de noviembre de 2015, dejando de ser meros espectadores, pudiendo aconsejar abiertamente la mejor estrategia y por tanto defender a nuestros poderdantes.
Extracto pues el preámbulo y el precepto en concreto, con su nueva redacción.
Preámbulo III
Por esta razón, se modifica el actual artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
en el que se regula el derecho de defensa, reconociéndose de forma clara y precisa que
toda persona a la que se atribuya la comisión de un acto punible, podrá ejercitar su
derecho de defensa, sin más limitaciones que las previstas en la ley, fijándose como marco
temporal para el ejercicio de este derecho desde la atribución del hecho punible investigado
hasta la misma extinción de la pena. Es contenido esencial del derecho de defensa la
asistencia de un abogado de libre designación o, en su defecto, de un abogado de oficio,
con el que podrá comunicarse y entrevistarse reservadamente en cualquier momento
desde que se le atribuya la realización de un hecho punible y que estará presente en todas
sus declaraciones y en cuantas diligencias de reconocimiento, careo o reconstrucción de
hecho se practiquen.
Artículo único. Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal se modifica en los siguientes términos:
Uno. Se modifica el artículo 118, que queda redactado como sigue:
«Artículo 118.
1. Toda persona a quien se atribuya un hecho punible podrá ejercitar el
derecho de defensa, interviniendo en las actuaciones, desde que se le comunique
su existencia, haya sido objeto de detención o de cualquier otra medida cautelar o
se haya acordado su procesamiento, a cuyo efecto se le instruirá, sin demora
injustificada, de los siguientes derechos:
a) Derecho a ser informado de los hechos que se le atribuyan, así como de
cualquier cambio relevante en el objeto de la investigación y de los hechos
imputados. Esta información será facilitada con el grado de detalle suficiente para
permitir el ejercicio efectivo del derecho de defensa.
b) Derecho a examinar las actuaciones con la debida antelación para
salvaguardar el derecho de defensa y en todo caso, con anterioridad a que se le
tome declaración.
c) Derecho a actuar en el proceso penal para ejercer su derecho de defensa
de acuerdo con lo dispuesto en la ley.
d) Derecho a designar libremente abogado, sin perjuicio de lo dispuesto en el
apartado 1 a) del artículo 527.
e) Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo y
condiciones para obtenerla.
f) Derecho a la traducción e interpretación gratuitas de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 123 y 127.
g) Derecho a guardar silencio y a no prestar declaración si no desea hacerlo,
y a no contestar a alguna o algunas de las preguntas que se le formulen.
h) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.
La información a que se refiere este apartado se facilitará en un lenguaje
comprensible y que resulte accesible. A estos efectos se adaptará la información a
la edad del destinatario, su grado de madurez, discapacidad y cualquier otra
circunstancia personal de la que pueda derivar una modificación de la capacidad
para entender el alcance de la información que se le facilita.
2. El derecho de defensa se ejercerá sin más limitaciones que las
expresamente previstas en la ley desde la atribución del hecho punible investigado
hasta la extinción de la pena.
El derecho de defensa comprende la asistencia letrada de un abogado de libre
designación o, en su defecto, de un abogado de oficio, con el que podrá comunicarse
y entrevistarse reservadamente, incluso antes de que se le reciba declaración por la
policía, el fiscal o la autoridad judicial, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 527
y que estará presente en todas sus declaraciones así como en las diligencias de
reconocimiento, careos y reconstrucción de hechos.
3. Para actuar en el proceso, las personas investigadas deberán ser
representadas por procurador y defendidas por abogado, designándoseles de oficio
cuando no los hubiesen nombrado por sí mismos y lo solicitaren, y en todo caso,
cuando no tuvieran aptitud legal para hacerlo.
Si no hubiesen designado procurador o abogado, se les requerirá para que lo
hagan o se les nombrará de oficio si, requeridos, no los nombrasen, cuando la
causa llegue a estado en que se necesite el consejo de aquéllos o haya de intentar
algún recurso que hiciese indispensable su actuación.
4. Todas las comunicaciones entre el investigado o encausado y su abogado
tendrán carácter confidencial.
Si estas conversaciones o comunicaciones hubieran sido captadas o
intervenidas durante la ejecución de alguna de las diligencias reguladas en esta ley,
el juez ordenará la eliminación de la grabación o la entrega al destinatario de la
correspondencia detenida, dejando constancia de estas circunstancias en las
actuaciones.
Lo dispuesto en el párrafo primero no será de aplicación cuando se constate la
existencia de indicios objetivos de la participación del abogado en el hecho delictivo
investigado o de su implicación junto con el investigado o encausado en la comisión
de otra infracción penal, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley General Penitenciaria.
5. La admisión de denuncia o querella, y cualquier actuación procesal de la que
resulte la imputación de un delito contra persona o personas determinadas, serán
puestas inmediatamente en conocimiento de los presuntamente responsables.»
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», con excepción de los apartados uno, tres, cuatro, cinco y seis del
artículo único que lo harán el 1 de noviembre de 2015.
Texto íntegro:
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/06/pdfs/BOE-A-2015-10725.pdf
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Facilito enlace del Consejo General del Poder Judicial donde se cita la constitución de 13 comisiones de seguimiento de los convenios de mediación intra-judicial existentes en el territorio nacional, suscritos entre el C.G.P.J. y distintas Comunidades Autónomas, con competencias en justicia.
