Hoy toca estudiar un asunto de denegación de la solicitud de nacionalidad por residencia por parte de una ciudadana nacional marroquí.
El motivo de denegación es "que la interesada no ha justificado el requisito de residencia legalmente exigido porque el plazo de 10 años de esta no se ha cumplido con continuidad en el tiempo inmediatamente anterior a la petición (art. 22.3 del Código Civil), ya que según consta en la documentación que obra en el expediente la interesada no ha estado en posesión de la preceptiva autorización de residencia desde 23 de enero de 2005 hasta el 17 de mayo de 2005. Según el art. 51.1 del RD 557/2001 el extranjero que desee renovar su autorización de residencia temporal deberá solicitarlo en la Oficina de Extranjería competente para su tramitación durante los sesenta días naturales previos a la fecha de expiración de la vigencia de su autorización. La presentación de la solicitud en este plazo prorroga la validez de la autorización anterior hasta la resolución del procedimiento. También se prorrogará hasta la resolución del procedimiento en el supuesto en que la solicitud se presentase dentro de los noventa días naturales posteriores a la fecha en que hubiera finalizado la vigencia de la anterior autorización....En este caso, el permiso de residencia de fecha 28 de enero de 2003 caducó el 23 de enero de 2005, por tanto el plazo de renovación del mismo expiró el 23 de abril de 2005. La solicitud del siguiente permiso no se produce hasta el 17 de mayo de 2005, pasando a ser esta fecha la fecha de inicio para el cómputo del plazo de diez años de residencia legal y continuada a efectos de solicitud de la nacionalidad española".
El texto del Código Civil dice así en su artículo 22 del Código Civil:
"1. Para la concesión de la nacionalidad por residencia se requiere que ésta haya durado diez años. Serán suficientes cinco años para los que hayan obtenido la condición de refugiado y dos años cuando se trate de nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o de sefardíes.
2. Bastará el tiempo de residencia de un año para:
- a) El que haya nacido en territorio español.
- b) El que no haya ejercitado oportunamente la facultad de optar.
- c) El que haya estado sujeto legalmente a la tutela, guarda o acogimiento de un ciudadano o institución españoles durante dos años consecutivos, incluso si continuare en esta situación en el momento de la solicitud.
- d) El que al tiempo de la solicitud llevare un año casado con español o española y no estuviere separado legalmente o de hecho.
- e) El viudo o viuda de española o español, si a la muerte del cónyuge no existiera separación legal o de hecho.
- f) El nacido fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles.
3. En todos los casos, la residencia habrá de ser legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición.
A los efectos de lo previsto en el párrafo d) del apartado anterior, se entenderá que tiene residencia legal en España el cónyuge que conviva con funcionario diplomático o consular español acreditado en el extranjero.
4. El interesado deberá justificar, en el expediente regulado por la legislación del Registro Civil, buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española.
5. La concesión o denegación de la nacionalidad por residencia deja a salvo la vía judicial contencioso-administrativa".
Así las cosas, habrá que ver qué ha de entenderse por residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la solicitud, para ver si efectivamente se cumple o no el requisito en la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Si estamos a la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2010, RC 1078/2007 hemos de concluir que no se cumple dicho requisito al decir: “El apartado tercero del artículo 22 del Código Civil exige que la residencia legal de al menos diez años sea “inmediatamente anterior a la petición”, exigencia que de ningún modo puede calificarse de concepto jurídico indeterminado. Una cosa o es inmediatamente anterior a otra o no lo es, sin que a este respecto quepan zonas grises o de incertidumbre.”
Si por el contrario acudimos al texto de la Sentencia de 28 de noviembre de 2012 hemos de llegar a la conclusión contraria, al exponer que ha de realizarse una interpretación flexible de la norma (art. 22.3 C.C.), en concreto expone:
"El Tribunal Supremo en su última jurisprudencia ha venido interpretando el requisito de la continuidad de forma más flexible para supuestos en el que se trate de un mero retraso en la solicitud de renovación cuando el interesado ha residido de forma legal durante un largo periodo y ha obtenido diferentes renovaciones de su permiso de residencia y ha demostrado suficiente arraigo y una estancia continuada en nuestro país. En tal sentido las sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 22 de febrero de 2003 y posteriormente de 25 de enero de 2005 (rec. 4974/2001) que "el tiempo de doce años durante el que la solicitante de la nacionalidad española residió en nuestro territorio no puede desconocerse por la circunstancia de que el plazo de validez de algunos permisos de residencia finalizase antes de que pidiese su pertinente renovación, cuando claramente aparece demostrado, y no sólo por vía de presunción como sostiene el Abogado del Estado, que durante esos doce años estuvo en posesión de siete permisos consecutivos de residencia, de los que seis fueron por un año y uno por dos años, mientras que el último lo fue para cinco años, de modo que basta sumar el tiempo, que dichos permisos sirvieron para amparar sucesivamente la residencia en España de la ciudadana extranjera, para llegar a la lógica conclusión de que tal residencia ha sido legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición de la nacionalidad, según requiere el citado artículo 22 del Código Civil, aunque en cuatro casos la residente se demorase algunos meses en solicitar la renovación del permiso anterior, pues, como se declara con toda corrección en la sentencia recurrida, su voluntad de regularizar su situación resulta patente y manifiesta por hechos concluyentes, razón por la que, al considerar la Sala de instancia que concurre el requisito de la residencia legal en territorio español, no ha conculcado el invocado artículo 22 del Código civil ni tampoco el artículo 1253 del mismo Código ".
Aunque es cierto, y así se admite por el Tribunal "a quo", que el solicitante no ha estado documentado con autorización de residencia desde el 6 de mayo de 1998 hasta el 22 de marzo de 1999, con la consiguiente interrupción del periodo de residencia legal comprendido entre el 7 de mayo de 1993 y el 6 de mayo de 1998, periodo éste en el que estuvo en posesión de la tarjeta de residente comunitario, es del todo acertado que dicho Tribunal analice las causas por las que el solicitante estuvo indocumentado entre el 6 de mayo de 1998 y el 22 de marzo de 1999, y que ante la constatación de que ello fue debido a que su solicitud de renovación de la tarjeta familiar de residente comunitario, formulada el 30 de abril de 1998, esto es, antes de transcurrir la validez de la anterior, fue denegada por resolución de 14 de enero de 1999, por haberse disuelto su matrimonio en virtud de sentencia de divorcio de 22 de septiembre de 1998, esto es, por resolución dictada con posterioridad a la formulación de la solicitud de renovación, así como ante la constatación también de que el 22 de marzo de 1989 solicitó autorización de trabajo y residencia, esto es, poco tiempo después de la denegación de la renovación, y de que tal solicitud de 22 de marzo de 1998 fue acogida favorablemente por resolución de 22 de septiembre de 1999, desde cuyo momento ha permanecido como residente legal, llegue a la conclusión, en una interpretación flexible del requisito de la continuidad, y amparado por la Jurisprudencia que cita (Sentencias de esta Sala de 22 de febrero de 2003 y 25 de enero de 2005), que nos encontramos ante un supuesto de demora en la petición de los permisos pertinentes -debemos añadir que muy breves- que no permite cuestionar la clara voluntad del solicitante de regularizar su situación.
No descansa la decisión de la Sala de instancia, como afirma el Abogado del Estado, aferrándose a la utilización en la sentencia de la palabra voluntad, que el Tribunal sustituye la obligación legal del tiempo efectivo de residencia por la mera intención en su cumplimiento, y sí en una interpretación flexible de la norma que, en atención a las circunstancias concurrentes, resulta plenamente lógica y razonable".
En este mismo sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de enero de 2005 (Recurso 4974/2001):
"La razón que se ofrece para ello es que en el transcurso de los diez años que se computan entre el
momento en que se ejercita la pretensión y el inicio de ese plazo diez años antes, existen dos periodos que
van desde el 30 de marzo al 14 de diciembre de 1990, y desde el 30 de agosto de 1991 al 9 de diciembre de
1991, en que la recurrente no estuvo documentada con autorización de residencia. Es decir la Administración
asume que la recurrente observa buena conducta cívica y posee suficiente grado de integración en la sociedad
española y sólo cuestiona el que la residencia sea legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición.
También esta Sala y Sección tiene declarado en Sentencia de veintidós de febrero de dos mil tres
que "el tiempo de doce años durante el que la solicitante de la nacionalidad española residió en nuestro
territorio no puede desconocerse por la circunstancia de que el plazo de validez de algunos permisos de
residencia finalizase antes de que pidiese su pertinente renovación, cuando claramente aparece demostrado,
y no sólo por vía de presunción como sostiene el Abogado del Estado, que durante esos doce años estuvo
en posesión de siete permisos consecutivos de residencia, de los que seis fueron por un año y uno por dos
años, mientras que el último lo fue para cinco años, de modo que basta sumar el tiempo, que dichos permisos
sirvieron para amparar sucesivamente la residencia en España de la ciudadana extranjera, para llegar a la
lógica conclusión de que tal residencia ha sido legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición de
la nacionalidad, según requiere el citado artículo 22 del Código civil , aunque en cuatro casos la residente
se demorase algunos meses en solicitar la renovación del permiso anterior, pues, como se declara con toda
corrección en la sentencia recurrida, su voluntad de regularizar su situación resulta patente y manifiesta por
hechos concluyentes, razón por la que, al considerar la Sala de instancia que concurre el requisito de la
residencia legal en territorio español, no ha conculcado el invocado artículo 22 del Código civil ni tampoco
el artículo 1253 del mismo Código ". .. acreditada la permanencia ininterrumpida de la recurrente en España siempre amparada por
una resolución de la Administración competente desde el año 1981 hasta 1995, fecha en la que solicitó se le
concediese la nacionalidad española. Desde diez años antes a tal petición estaba amparada por el obligado
permiso de trabajo y residencia y con la necesaria regularidad fue solicitando y obteniendo sucesivos permisos
que justificaban su permanencia en nuestra patria.
Es cierto que según resulta del documento que obra en el expediente administrativo uno de esos
permisos concluyó el 30 de marzo de 1990 sin que la interesada solicitase uno nuevo hasta ocho meses
y medio después, y, también, lo es, que caducado ese permiso no consta que la recurrente solicitase otro
nuevo hasta transcurridos algo más de tres meses, pero eso en el caso concreto que nos ocupa, atendidas las
circunstancias que a continuación referimos y el dato que no puede considerarse irrelevante de los problemas
de salud de los hijos de la recurrente, no es bastante para concluir que a lo largo del dilatado periodo de tiempo
que supone el transcurso de una década, la solicitante no mantuviese una residencia legal continuada e
inmediatamente anterior a la petición, por el hecho de que demorase algún tiempo, por dos veces, la petición
de renovación de su permiso cuando desde 1981 había realizado hasta once peticiones de prórroga de sus
permisos de estancia y de trabajo y residencia. Tanto más cuando la recurrente era consciente de la demora
con que procedía en ocasiones la Administración en la renovación de los permisos solicitados como ocurrió
entre la solicitud de 5 de noviembre de 1985 y la concesión del permiso en 9 de junio de 1987, ó, entre el 16
4
de agosto de 1988 y el 17 de noviembre de 1989. Ello, además, sin olvidar, insistimos, en que la recurrente
permanecía en España desde 1981, convivió maritalmente durante largos años con un ciudadano español con
el que tuvo dos hijos nacidos en España, y está adquiriendo en propiedad una vivienda de protección oficial
y recibiendo prestaciones sociales de las Administraciones nacionales, todo lo cuál muestra bien a las claras
su voluntad de permanecer en suelo patrio y su total integración en nuestra sociedad.
En consecuencia el motivo ha de estimarse y por todo ello ha de casarse la Sentencia recurrida y
estimarse el recurso contencioso interpuesto ante la Sala de la Jurisdicción de la Audiencia Nacional anulando
la resolución combatida y declarar el derecho de la recurrente a que le sea otorgada la nacionalidad española".
